Los habitantes del barrio El Pozo de Pontevedra
aseguraron que hay personas con plomo en la sangre producto de la gran
contaminación que hay por los basurales a cielo abierto que existen en la zona.
Tras atenderse en distintos hospitales de la zona y
solo encontrar diagnósticos como alergias y otras enfermedades menores, vecinos
del partido de Merlo contaron a MERLO NOTICIAS que decidieron recurrir a
instituciones de salud en Capital Federal, donde descubrieron que los síntomas
estaban causados por la presencia de plomo en sangre.
Los reclamos realizados por el barrio llevan años. Si
bien se encuentran en un lugar cercano al CEAMSE, el basural donde actualmente
se descargan todos los residuos del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires,
sostuvieron que no es solo eso lo que los afecta, ya que conviven con el pozo
contaminado que se encuentra frente a sus casas.
El alto contenido de plomo en el suelo puede promover
el desarrollo de comunidad microbiológica como hongos, bacterias, alterándose
el suelo para ser utilizado para vegetales
Esa zanja no es ni más ni menos que un charco profundo
de no menos de 500 metros de largo por al menos 100 de ancho, donde se acumula
agua y desechos de todo tipo.
El plomo bloquea primero la síntesis de hemoglobina y
el efecto producido es la anemia, alterando el sistema de transporte del
oxígeno a la sangre y hacia los demás órganos del cuerpo.
De la mayor parte del plomo que se acumula en el
cuerpo humano, cerca del 50% se asocia a la hemoglobina concentrándose
mayormente en los huesos, el 3% circula a través de la sangre, y solo una
pequeña fracción queda libre en el plasma. Esta fracción pequeña es la que
contribuye a la intoxicación inmediata. El proceso tarda 30 años para ser
eliminado de los huesos.
La absorción del plomo tiende a aumentar cuando hay
ausencia de calcio, hierro, potasio y zinc.
Ocasiona grandes daños neurológicos irreversibles al
llegar al cerebro.
El marco Político, Legal e Institucional:
El Artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los
Habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará prioritariamente la
obligación de recomponer, según lo establecido en la Ley. Las autoridades
proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural, cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar normas que contengan
los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesidades
para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de
residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radioactivos.”
Artículo 42 de la Constitución Nacional: “Los
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz; a la libertad de elección; y a condiciones de
trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de usuarios…”.
Durante 24 años de gobierno municipal de Othacehe no
solo no se ha ocupado eficazmente de la temática
expuesta sino que también ha recibido fondos públicos los cuales no han sido utilizados
para el fin al que le han sido dados, abriendo desviados dichos fondos públicos
en su interés personal. Esa situación, sumada a la celeridad con la que se
firmaron los contratos y la falta de un llamado a licitación determinan la situacion de los consumidores de los vecinos por el sistema de red cloacal actual en Merlo.
No se respetaron las normas que regían las operaciones
entre los sectores públicos y privado.